Yeni Berenice dictó una conferencia sobre prevención de la corrupción para profesores y técnicos del Ministerio de Educación
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, resaltó, frente a decenas de profesores y técnicos de educación de todo el país, que la escuela tiene que ser un centro de formación de un modelo de ser humano respetuoso de la dignidad de las personas, crítico y apegado a los valores que sustentan el contrato social.
Reynoso se refirió al tema, al plantear que la corrupción rompe el contrato social que planteó Jean-Jacques Rousseau (junio de 1712-julio 1778). “Hay un pacto social que los ciudadanos y el Estado tenemos: yo asumo cierto comportamiento en la sociedad y el Estado me garantiza derechos. Pero la corrupción rompe ese pacto social, y si el pacto social se rompe, se daña la sociedad, se daña la colectividad, porque vivir en sociedad necesita reglas”, dijo.
“¿Qué busca el contrato social? La convivencia desarrollada, pacífica y armoniosa de la sociedad”, añadió Reynoso, al participar en una jornada organizada por el Ministerio de Educación para directores regionales, distritales y personal de su sede central, con el propósito de fomentar el conocimiento sobre los principales alcances de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas y del nuevo Código Penal.
La jornada, encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, contó con la intervención de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental y asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción, y Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
La procuradora general valoró la educación como medio para transformar la sociedad. “Como hija de maestro y docente, siempre he creído que la educación no es solo poner en conocimiento de un joven o un adulto un texto. La educación tiene que ser parte esencial en la formación de un modelo de ser humano”, expresó.
Agregó “de la educación depende el desarrollo, depende la calidad de la sociedad que construimos”.
“Educar implica acompañar, implica entender, implica apoyar. Formar personas dice la ley, hombres y mujeres libres, críticos, creativos, capaces de participar y constituir una sociedad libre, democrática, participativa, justa, solidaria, con un profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana”, indicó.
La procuradora general habló del impacto de la reforma penal y sus novedades, así como de la tipificación y sanción del bullying como una de las novedades del nuevo Código Penal.
Reynoso dijo que el código tiene otras virtudes, entre ellas, sanciones por el bullying. “Trae el bullying como un delito”, indicó, al tiempo de resaltar la importancia de la sanción a esos casos al destacar actualmente su trascendencia e impacto negativo por el uso de las redes sociales.
“El bullying no es una broma, el bullying lacera la dignidad de las personas, y, sobre todo, es muy delicado cuando se trata de niños, niñas y adolescentes”, expuso en la actividad realizada el sábado en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa (MIDE).
Dijo que el Código Penal (Ley 74-25), que entrará en vigencia en agosto de este año, incluye ilícitos nuevos o reforzados.
Precisó que, con la nueva normativa, quien bajo los efectos del alcohol mate una persona o la atropelle, no se considerará un accidente, sino, “que se va a considerar un delito de dolo eventual, cuya pena podrá llegar hasta 20 años”.
También, dijo que para los que hacen disparos al aire el código también tiene sanciones de importancia. “Les puedo decir, que es un código moderno, es un código de avanzada, es un código que tiene lo mejor del derecho penal de la actualidad”, indicó.
Refirió que el código trae de novedoso que la corrupción es un delito autónomo. “¿Qué quiere decir esto en términos más claros, sobre todo, para quienes no son abogados? Que cualquier acción, acto de omisión que lesione el patrimonio público y en el que haya un dolo, es un delito”, dijo.
Recordó que el funcionario que consienta, acuerde o ejecute esquemas fraudulentos para justificar la erogación de pagos provenientes de la sobrevaluación injustificable de obras y servicios del Estado podría enfrentar penas de entre 5 a 10 años de prisión.
También, se refirió al abuso de poder. “El poder es para construir un modelo de país; pero no para abusar, es para hacer un uso correctamente de las funciones en beneficio de la colectividad y por esta razón el abuso de poder viene también como un tipo penal”, explicó Reynoso, quien también se refirió a la responsabilidad empresarial como una novedad que trae el código.
“Los empresarios y las empresas son responsables por sus actuaciones. Si usted como empresa le robó al Estado, entonces, usted tiene que responder también, porque el patrimonio del Estado hay que recuperarlo sí o sí; cada peso que se roba hay que recuperarlo, porque en cada peso hay una oportunidad de mejorar algún servicio en beneficio de la colectividad”, expuso.
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