Por Rafael Díaz Filpo
La dignidad humana es, indiscutiblemente, la piedra angular sobre la cual se fundamenta el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana. Nuestra Constitución establece con claridad que todas las personas poseen un valor intrínseco que debe ser respetado y protegido en cada acción del Estado, en cada decisión judicial y en toda política pública implementada.
Este principio constitucional cobra especial relevancia en contextos complejos como el que enfrenta actualmente nuestra sociedad. Las problemáticas relacionadas con la inmigración, especialmente la proveniente de Haití, desafían constantemente nuestra capacidad de respuesta institucional. El respeto irrestricto a la dignidad humana exige que, aunque se ejerzan la soberanía nacional y el control migratorio legítimo, se garantice a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, un trato digno y el acceso básico a servicios fundamentales como la salud, la educación y la asistencia humanitaria.
Un ejemplo reciente de la aplicación concreta de este principio puede observarse en decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional dominicano, como la sentencia TC/0045/19. En esta resolución, la Corte reafirmó la obligación del Estado de respetar y garantizar la dignidad de los inmigrantes indocumentados, estableciendo límites claros a la actuación de los órganos públicos para asegurar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su origen o condición jurídica.
Asimismo, la situación penitenciaria en República Dominicana representa una prueba crítica para la implementación efectiva del principio de dignidad humana. Las condiciones de hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos y la violencia estructural dentro de muchos centros de reclusión han sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. El Estado tiene el deber ineludible de corregir estas deficiencias estructurales y garantizar que los privados de libertad mantengan intactos sus derechos fundamentales, en consonancia con lo dispuesto en la Constitución y en múltiples fallos del Tribunal Constitucional.
Más allá del sistema penitenciario, la dignidad humana también debe ser el eje rector de las políticas sociales dirigidas a sectores históricamente marginados, como las personas con discapacidad, las comunidades rurales, la población LGTBIQ+, y los trabajadores informales. Un Estado democrático genuino no puede excluir a ninguno de sus ciudadanos del acceso a una vida digna, segura y libre de discriminación.
Desde una perspectiva comparativa, países como Alemania y España colocan la dignidad humana como centro de sus constituciones y de su jurisprudencia constitucional, lo cual fortalece su institucionalidad democrática y asegura una protección constante de los derechos fundamentales. En Alemania, por ejemplo, el artículo 1 de su Ley Fundamental establece que "la dignidad del ser humano es intangible", constituyéndose en cláusula pétrea. España, por su parte, consagra en su Constitución de 1978 el valor superior de la dignidad humana como base de su orden político. Estos modelos ofrecen valiosas lecciones a nuestro país, en particular sobre la necesidad de adoptar políticas públicas que garanticen derechos sociales de forma efectiva y sostenida, con especial énfasis en la inclusión de los grupos más vulnerables.
Fortalecer la dignidad humana como principio rector del Estado dominicano no es solo una exigencia constitucional, sino también un imperativo ético y político para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Este compromiso debe guiar cada acción estatal —desde la legislación hasta la ejecución de políticas— y constituirse en una brújula moral frente a los grandes desafíos sociales y humanitarios que enfrentamos.
Este importante tema se encuentra desarrollado con mayor profundidad en mi obra “Constitución Política | Política Constitucional”, donde analizo el rol de la dignidad humana como pilar estructural del sistema democrático dominicano. Invito cordialmente a todos los lectores interesados a consultar este libro, como una vía para ampliar la reflexión colectiva sobre el tipo de país que aspiramos a construir: uno donde la dignidad de cada persona sea el fundamento esencial de nuestra convivencia democrática.
