Por Rommel Santos Díaz
El Estatuto de Roma dispone que una condena de prisión impuesta por la Corte Penal Internacional deberá cumplirse en el país designado por ésta, conforme a una lista de los Estados que aceptan a la persona condenada.
Un Estado que ha declarado su deseo de aceptar a una persona condenada por la Corte Penal Internacional podrá establecer condiciones para ser acordadas con la Corte.
Sin embargo, el Estado de ejecución de la condena deberá notificar a la Corte Penal Internacional si estas condiciones o cualquier otra circunstancia podría afectar materialmente los términos o duración de la pena de prisión, según el Estatuto de Roma.
El Estatuto de Roma también reconoce que el proceso de selección y designación de la Corte Penal Internacional está basado en algunos principios rectores.
Uno de los principios rectores es el ¨principio de que los Estados Partes deberán compartir la responsabilidad en la ejecución de las penas de prisión, de conformidad con el principio de distribución equitativa, tal y como lo dispongan las Reglas de Procedimientos y Prueba¨.
Finalmente, otros principios incluyen la aplicación de algunos estándares internacionales, la opinión y nacionalidad de la persona condenada, y otros factores similares concernientes a la ejecución de la pena del Estado que recibe al Condenado y que ejecuta la sentencia.
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